Buenos días, estimados lectores.
La próxima semana se cumplirán dos meses desde el comienzo de la grave crisis política y social de Perú. La última, la enésima crisis. Todo se precipitó el 7 de diciembre con el auto golpe fallido del ex presidente Castillo, hoy en prisión preventiva acusado de rebelión y conspiración. Ese momento de convulsión, que apenas duró unas horas, y el relevo inmediato en la Presidencia desató una oleada de protestas que ha dejado decenas de muertos, la mayoría, según las investigaciones, por los excesos policiales. La movilización, impulsada principalmente por sindicatos, comunidades aymara y colectivos de estudiantes, exige la renuncia de la mandataria, Dina Baluarte, la convocatoria de elecciones y una Asamblea Constituyente. Pero el problema va más allá de la coyuntura. Es estructural y guarda relación, en esencia, con la clase política del país andino y los cuestionamientos a sus dirigentes.
El propio Castillo es el último eslabón de una cadena de exgobernantes encarcelados, procesados o involucrados en casos de corrupción. El fenómeno es transversal, trasciende las posiciones políticas e ideológicas y habla de un sistema y unas generaciones de legisladores que dan muestras de agotamiento. Durante estos días el Congreso de Perú, la institución peor valorada por los ciudadanos, según las encuestas, se ha enredado en un debate sobre un adelanto electoral que no pone de acuerdo a los miembros del Parlamento.
El miércoles el poder legislativo volvió a estancarse en la discusión, que arrastra continuas jugadas en falso y aplazamientos. Como escribió la corresponsal del periódico ¨El País¨ Ines Santaeulalia, una decisión es necesaria para dar un horizonte a la convulsión que sufre el país. Pero la propuesta de convocar a las urnas a finales de este año aún no ha cuajado. Y mientras tanto, «el mensaje que lee la ciudadana es que la mayoría no quiere irse a su casa y renunciar a su escaño». Este jueves, salvo sorpresas, los congresistas abordarán otra propuesta que incluye una Asamblea Constituyente y elecciones dentro de cuatro meses. El consenso está todavía muy lejos. Y el bloqueo político no para de chocar con el estallido social.
