En una decisión de 6-3, la Corte Suprema de EE. UU. Ratifica una ley del estado de Nueva York que prohíbe a los comunistas enseñar en escuelas públicas.
En el apogeo del miedo rojo en los Estados Unidos, la decisión de la Corte Suprema fue una prueba adicional de que muchos estadounidenses estaban preocupados por la posible actividad comunista subversiva en su país.
El estatuto del estado de Nueva York, llamado Ley Feinberg, prohibió en la profesión docente a cualquiera que pidiera el derrocamiento del gobierno; la ley estaba dirigida específicamente a los comunistas. Varios otros estados adoptaron medidas similares.
En Nueva York, un grupo de maestros y padres impugnaron la ley y, finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema.
La decisión mayoritaria que defiende la Ley Feinberg, declaró el New York Times, apoyó la creencia de que “el estado tenía el derecho constitucional de proteger las mentes inmaduras de los niños en sus escuelas públicas de la propaganda subversiva, sutil o de otro tipo, difundida por aquellos ‘a quienes buscan orientación, autoridad y liderazgo ‘”.
La opinión disidente de los jueces William O. Douglas, Hugo Black y Felix Frankfurter acusó que el estatuto de Nueva York «convierte el sistema escolar en un proyecto de espionaje». En Nueva York, el Teachers Union se comprometió a seguir luchando contra la ley. Ocho maestros ya habían sido despedidos en virtud de las disposiciones de la ley y muchos otros se enfrentaban a audiencias.
La decisión de la Corte Suprema fue un barómetro del temperamento nacional. En los años anteriores al caso, el ex funcionario del Departamento de Estado Alger Hiss había sido declarado culpable de perjurio en relación con su testimonio sobre su participación en el Partido Comunista; Julius y Ethel Rosenberg habían sido condenados y condenados a muerte por pasar secretos atómicos a los soviéticos; y el senador Joseph McCarthy había hecho una carrera buscando comunistas en el gobierno de Estados Unidos. Para 1952, muchos estadounidenses estaban convencidos de que los agentes y partidarios comunistas estaban trabajando activamente dentro de los Estados Unidos, y que sus fuerzas permeaban todos los aspectos de la vida estadounidense.
La Ley Feinberg permaneció en vigor hasta que otra decisión del Tribunal Supremo en 1967 declaró inconstitucional la mayoría de sus disposiciones.